España está en proceso de crear una nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuyo anteproyecto se aprobó este martes pasado en el Consejo de Ministros.

España tiene previsto destinar este año 3.506 millones a la ayuda al desarrollo, lo que equivale al 0,28% del PIB, contando los recursos aportados por la Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades. El año pasado fue del 0,26%; y en 2014, cuando sufrió los mayores recortes, cayó hasta el 0,17%, lo que supone todo un gran incremento  y un avance notable con respecto a la Ley del 98.

Algunos de los nuevos puntos son estos:

  • La nueva ley, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU y se centra en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad, contra el cambio climático y por la igualdad de género.
  • La ley prevé que la AECID, principal instrumento de la cooperación española, disponga de un nuevo estatuto y que su personal tenga “derecho a una carrera profesional con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior”. Se regulará el Estatuto de los Cooperantes.
  • El Fondo de Promoción del Desarrollo (Fonprode) se sustituye por un nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible, que podrá financiar operaciones con créditos no reembolsables y reembolsables.
  • Establece una cooperación financiera más ágil y eficaz entre todas las administraciones que realizan ayuda oficial al desarrollo: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos.

La Coordinadora Estatal de ONGD ha valorado el anteproyecto de ley y cree que ahora tienen la oportunidad de responder a una ciudadanía que demuestra sistemáticamente su compromiso con la cooperación. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para contar con una ley que permita que el país esté a la altura del contexto mundial actual.

Estas son las cuestiones clave que según su valoración deben ser incluidas en la Ley:

  • La Ley debe recoger con más claridad la necesidad de un cambio de enfoque a la hora de enfrentar los retos globales. Debe ser una ley realmente transformadora y eso pasa necesariamente por un enfoque feminista y ecologista y por la protección del espacio cívico (el derecho ciudadano a organizarse colectivamente para participar en los asuntos públicos).
  • La cooperación debe ser el centro de la acción exterior y guiar el resto de políticas; la Ley debe promover la coherencia de todas las políticas con la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta.
  • El papel de la sociedad civil (diversa y plural), tanto española como del Sur global, debe ser reconocido de manera específica. El texto no reconoce el papel de la ciudadanía y de las ONGD en la construcción histórica del sistema.

“Ahora es necesario establecer una hoja de ruta clara en la que participen los distintos actores de la cooperación. Establecer tareas concretas y plazos es clave.”

Puede interesarte