Alianza por la Solidaridad

Persona de contacto: Marcos Ramírez Berceo

Dirección: Pza. Martínez Zaporta 18, Bajo Localidad: Logroño

Código Postal: 26001   Teléfono/Móvil: 625.401.900   Fax: 941224888

Correo-e:  larioja@aporsolidaridad.org  Página Web: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/

Año inicio de actividad en La Rioja: 2008

Otras CCAA con presencia: En todas las CC.AA. a través de delegaciones y asociaciones.

Acciones, Actividades y/o Proyectos:

Difusión de Comercio Justo a través de la iniciativa «Un Ayuntamiento por el Comercio Justo» para lo cual han realizado actividades de sensibilización en el Ayuntamiento de Logroño, Consejo de la Juventud de La Rioja, de Logroño, asociaciones de estudiantes de la Universidad de La Rioja.
Exposición «Mujeres del Magreb» y «Miradas desde Palestina»
Ayuda al pueblo haitiano a través de la venta de chocolatinas solidarias en Logroño, Arnedo y Calahorra.
Actividades en Calahorra y Logroño, conciertos, puestos de comercio justo, conferencias, etc.

Voluntariado
Durante 2015, cientos de personas voluntarias se involucraron con Alianza para mejorar el mundo. 102 personas voluntarias, 20 personas voluntarias internacionales, 16.218 horas de trabajo donadas por nuestras personas voluntarias en 2015. En La Rioja, entre 15- 20 personas voluntarias activas.

Durante el 2015, se puso en marcha el programa de voluntariado humanitario en el que 30 voluntarios/as de toda Europa viajaron a Colombia, Haití, Palestina, Líbano y Nicaragua. A la vuelta, difundieron su experiencia en una exposición, en una presentación pública en Madrid y en un concurso de relatos sobre las fotografías más impactantes de su viaje.

Proyectos

  • Título del proyecto: Reparación de derechos vulnerados de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia
  • Tipo de proyecto: Cooperación al Desarrollo
  • Localidad / País: Cundinamarca, al sur de Bogotá, Colombia
  • Área de trabajo: Igualdad de Género
Diego Bernal, colombiano caribeño, tenía pensado ir a pasar sus vacaciones a la Amazonía de su país desde hace meses. No imaginaba que iría, pero no de turista sino para convivir con los indígenas tikunas y huitotos, trabajando junto a ellos para poner freno a un invisible fragmento de ADN que salió de un lugar de China para acabar en las orillas del río más salvaje y grande del mundo.

Bernal, técnico de la ONGD Alianza por la Solidaridad, acaba de regresar de un periplo por la selva y, mientras hace cuarentena en su casa de Bogotá, aún asimila lo aprendido de esos pueblos de campesinos y carpinteros a los que el COVID-19 podría fulminar, tal como dice la historia previa.

En el departamento de Amazonas se habían confirmado a día 4 de julio, más de 2.300 casos de la COVID-19 y 89 fallecidos y su capital, Leticia, es un foco de contagio para las comunidades que hay alrededor, a las orillas del gran Amazonas, que son las que que ha visitado Diego durante varias semanas. Formaba parte de un consorcio de ONGs que fue para apoyar en el acceso al agua potable, alimentación, materiales higiénicos y divulgación de información fiable sobre la pandemia.

“Cuando llegué a las comunidades, a finales de mayo, me sorprendió cómo las  habían protegido con sus medios, usando su medicina tradicional en cuanto sentían que alguien tenía fiebre. Yo también la tomé por si acaso. Algunos de la guardia  indígena ya tenia tiene trajes de bioseguridad que les han proporcionado y se han organizado controlando quien entra y quien sale,  obligando  a hacer seguir un protocolo de desinfección. No quieren riesgos”, explica Bernal.

En Amazonas, muy cerca de la frontera con Perú y Brasil, conviven hoy 23 etnias con unas 47.000 personas que históricamente van y vienen por el río comerciando, intercambiando sus cultivos y otros productos. Pero el coronavirus lo hizo imposible. Y los sistemas de salud que ya no iban mal, colapsaron.

Mientras escribo esto, los hospitales de Leticia siguen saturados y los protocolos preventivos no parecen muy adecuados. “Algunos indígenas de la comunidad de Zaragoza a los que les hicieron pruebas se enteraron de que eran positivos en COVID-19 porque escucharon en la televisión que en su comunidad había casos; nadie les avisó, nadie les dijo que se aislaran.
Es un panorama muy preocupante. Ni siquiera tenían agua segura para la higiene básica, que recomienda la OMS. En nuestro propio equipo debimos extremar las precauciones después de mantener reuniones en instituciones donde no se tomaban todas la medidas de protección”
, recuerda.

Ocuparse del proyecto WASH (agua, saneamiento e higiene, por sus siglas en inglés), centrado en el acceso a agua segura y los saneamientos, ha sido el eje del trabajo del ‘SuperWash’ , como han apodado a Diego por su capacidad de movimiento en una zona de que no conocía. En algunas comunidades a las que llegó, tenían sistemas de agua y saneamiento tan deteriorados que no se usaban desde hacía mucho tiempo.

En un mes, el equipo de Alianza trabajó en 11 lugares distintos, tanto en comunidades de carretera (llamadas por su punto kilométrico, porque surgieron al borde del asfalto en mitad de la selva), como otras junto al río; también en un geriátrico, una penitenciaria con muchos casos de COVID-19, en barrios de Leticia y en el hospital de Puerto Nariño.

“No fue fácil elegir adónde ir entre tantas necesidades como hay, pero los recursos disponibles son limitados. En general, los sistema de abastecimiento de agua que vimos estaban muy deteriorados o no existían”, explica a su regreso.

Una de las medidas que los indígenas amazónicos han puesto en marcha para protegerse son pequeñas casetas a la entrada de las comunidades, donde se instalan tanques de agua limpia, gracias a filtros de arcilla, para lavarse las manos. Por allí pasa cualquier persona que entra o sale, bajo la vigilancia de la tradicional guardia indígena, formada por miembros escogidos en la comunidad entre sus pobladores.

Donde no había caseta, porque escasean el dinero para cualquier compra de materiales que no hay en el entorno, hubo que construirla, siempre con permiso del jefe o curaca. “Son grandes trabajadores de la madera, pero tuberías, tanques, filtros, cloro… Eso es lo que no tienen”, explica Diego.

Como testimonian las fotos, su encuentro con tikunas o huitotos poco tuvo que ver con la imagen de los documentales. En algunos lugares les recibían vestidos de negro de arriba a abajo, mascarillas y  guantes. “En la comunidad Kilómetro 7 habitan 296 personas y tenían pensado utilizar la guardería infantil como centro de aislamiento si tienen un brote, así que pusimos un sistema de agua. Están muy organizados y aunque se sienten protegidos por su ‘sabio’, que es su médico tradicional, les dejábamos también ‘kits de higiene’, sobre todo para los guardas”, añade. Estos kits incluyen mascarillas, jabón, detergente…

Son tantas la comunidades con necesidad de apoyo que antes de ir se hizo una exhaustiva selección de las que tenían una situación más precaria con ayuda de las autoridades locales. “Estar confinados les impide intercambiar productos con otras comunidades o vender y tener algún dinero para cosas que no tienen y necesitan. Ahora mismo, están preocupados por su seguridad alimentaria. Y les da pánico pensar en ir a un hospital, comenta el joven técnico.

Aunque aún está a la espera de los resultados de la prueba que le han hecho al regreso para ver si es positivo, Diego Bernal ya está pensando en la siguiente misión,  a finales de julio. “No olvido cómo me han recibido en sus malocas, me han ofrecido su comida y me han enseñado su cultura”, recuerda.

Por Rosa M. Tristán, Alianza por la Solidaridad

Fuente: Blog Planeta Solidario. La Vanguardia.

 

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó el pasado día 10 una sentencia que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica Renace sobre el Río Cahabón, de Alta Verapaz. Esta obra, construida por la empresa española Grupo Cobra-ACS, y subcontratada por Corporación Multi Inversiones (CMI), fue denunciada por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas (artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio de la Organización Internacional el Trabajo, en vigor en Guatemala desde 1997). En la zona viven 29.000 indígenas que ven en peligro su hábitat.
Las mujeres lideran la lucha contra la hidroeléctrica RENACE, vinculada a ACS, que impacta negativamente en el 95% de la población del municipio de San Pedro Carchá (Guatemala).
PEDRO ARMESTRE
“La parte agridulce de este logro es que la sentencia no paraliza la obra ni pone la fecha para la consulta, pero es un gran paso hacia la justicia social”, afirma Almudena Moreno, responsable de la campaña Tierra, de nuestra ONGD Alianza por la Solidaridad, que ha acompañado a Ana Rutila, la activista guatemalteca que interpuso el recurso la demanda ante el Estado. Por no considerarla suficiente y no paralizar las obras, Ana Rutilia Ical ha impugnado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pide que se suspendan las obras tal y como ocurrió con otra hidroeléctrica (Oxec I y Oxec II- en el mismo río Cahabón).

“Los efectos de la construcción de las distintas fases de la hidroléctrica son enormes y pasan por la ruptura del tejido social q'eqchi' a la privatización y desvió del cauce del río Cahabon; a la destrucción del entorno natural sin respetar los lugares sagrados del pueblo q'eqchi' (cerros, bosques, fuentes de agua, cuevas); la invasión y usurpación del territorio; la apropiación indebida de tierras; la pérdida de biodiversidad; la aparición de grietas en nuestras construcciones por el uso excesivo de explosivos… El río se ha secado y los afluentes algunos ya no tienen agua”, concluye la defensora.

La sentencia hace referencia también a dos recursos planteados anteriormente por la constructora en los que varios líderes comunitarios alegaban el desarrollo que suponía para la zona la construcción de la hidroeléctrica. Señalaban también que el Convenio Internacional es posterior al inicio de la obra. La Justicia desestimado sus argumentos y condena incluso al abogado que llevó la sentencia por improcedente, ya que aunque la primera fase de Renace se aprobó en 1991, las siguientes ampliaciones se dieron por válidas en 2004, 2008, 2013 y 2015.

El fallo judicial también señala que, aun no siendo un convenio internacional retroactivo, está probado que los efectos de la decisión tomada para la ejecución de la obra tiene consecuencias sobre la vida de los indígenas.

Coacción sobre quienes defienden la Tierra
“Las amenazas siempre están presentes. La empresa tiene dinero para cooptar funcionarios y fabricar cualquier delito con tal de callar las voces. Una siempre está en un estado de indefensión. En Guatemala no se sabe a qué hora estos grupos pueden actuar contra uno. Pero yo actúo apegada a las leyes del país”, comenta Ana Ruitilia.

La activista, acompañada de otras asociaciones como el Colectivo Madre Selva, sostienen que la energía que se genera es para el exterior. “No es para consumo nacional, ni para las comunidades en donde se genera. Ellos siguen viviendo sin energía eléctrica. Yo no me opongo al desarrollo, siempre que venga diseñado de las bases comunitarias del pueblo q'eqchi', en donde ellos sean partícipes y que gocen de los beneficios. Pero hablamos de un territorio donde se está generando energía eléctrica mientras sus habitantes viven en la oscuridad. Es es subdesarrollo”, sentencia Ruitilia.

En su caso, la batalla contra la hidroeléctrica de Renace le ha costado ser criminalizada, estigmatizada, difamada y tachada de “loca”. Su lucha no es fácil. La propia ONU habla de criminalización de los defensores. Es el caso por ejemplo del maestro Bernardo Caal, también defensor de los ríos guatemaltecos y en contra de la actividad de las grandes inversiones de las hidroeléctricas. Hoy está entre rejas.

No obstante, ella sigue, grande contra los grandes. El recurso de amparo está puesto y en él deja claro lo que pide: quiere que se concrete una fecha para la realización de la consulta, que esa consulta sea tal y como dictamina la sentencia “informada, de buena fe y sin coerciones ni presiones” y que se paralicen las obras mientras no se escuche la voz del pueblo

Fuente: Público.es LULA GÓMEZ (19/07/2019)