En el día de las personas cooperantes, recordamos la necesidad de fortalecer la cooperación que se realiza desde nuestros pueblos y ciudades. 

Ninguna de las comunidades autónomas cumple el compromiso de destinar el 0,7% a esta política pública.

Visitamos algunos proyectos financiados por fondos descentralizados. Conversamos con cooperantes y organizaciones locales con las que trabajamos en Guinea Bissau, Perú, la India y Burkina Faso.

522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones (es decir, personal español en otros países). El 57% son mujeres y el 43%, hombres.

Si existe una seña de identidad en la cooperación española esta es la cooperación descentralizada, es decir, la que se realiza desde entidades locales, ciudades y comunidades autónomas. Un número importante de los proyectos que desarrollan nuestras organizaciones se financian a través de este tipo de cooperación. En un contexto mundial tan complejo como el que vivimos es fundamental fortalecer esta política pública que, en algunos territorios, está siendo debilitada de forma muy preocupante. Recordamos que, poco antes de las elecciones generales, la gran mayoría de los partidos políticos se comprometieron con la cooperación.

Los gobiernos locales y autonómicos constituidos recientemente deben cumplir con lo establecido en la nueva Ley de Cooperación (que contó con el apoyo de casi la totalidad de los partidos políticos) y avanzar hacia el cumplimiento del 0,7%, el fortalecimiento de sus estructuras y la garantía de un enfoque feminista y sostenible.

Las organizaciones con las que trabajamos en más de 100 países destacan la importancia del acompañamiento de la cooperación en entornos golpeados por el hambre, los conflictos, el debilitamiento de los derechos humanos, la expulsión de las personas de sus hogares o el asesinato de quienes defienden la tierra. El apoyo que reciben desde ciudades, pueblos y comunidades autónomas supone importantes logros en la mejora de la calidad de vida y la dignidad de miles de personas. 

522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones en más de 100 países. Su contribución es muy relevante en contextos complejos en los que los derechos humanos están en juego o claramente limitados. En muchos lugares del mundo, la persecución a las organizaciones sociales locales y a las ONG internacionales complica su trabajo. La reforma del sistema de cooperación debe continuar su camino y asegurar que el Estatuto de los y las cooperantes garantiza plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. 

Consulta información sobre cooperantes en nuestro Informe.

Guinea Bissau. AIDA

Con dos millones de habitantes, Guinea Bissau ocupa los últimos puestos en el Índice de Desarrollo Humano. La pobreza es estructural: afecta a dos tercios de la población (el 69% vive con menos de dos dólares al día y el 33% con menos de un dólar). Las infraestructuras sanitarias son precarias, insalubres y funcionan con muchas deficiencias; el país tiene una alta dependencia de la comunidad internacional en cuestiones como la salud o la educación. 

En los últimos años, ha sufrido una gran inestabilidad política marcada por varios golpes de Estado. La sociedad civil ha denunciado el ataque a derechos conquistados como la libertad de prensa o de asociación. Tal contexto complica aún más el trabajo en la defensa de los derechos de la población.

El Gobierno de Cantabria apoya proyectos de AIDA centrados en mejorar el acceso a la atención primaria de la población más desfavorecida y la Xunta de Galicia impulsa intervenciones en apoyo  a la educación básica de calidad y equitativa, así como lograr la reducción de las disparidades de género en la educación.

AIDA trabaja con nueve centros de salud en los que facilitar medicamentos, materiales para el tratamiento de urgencia, atención sanitaria a pacientes sin recursos, educación prenatal y pediátrica o asistencia médica a menores con diversidad funcional.  A nivel de educación se centran en asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. 

Perú. Farmamundi

Perú se encuentra en una de las peores situaciones de crisis política y social de los últimos años. La ciudadanía se viene movilizando en los últimos meses de manera persistente ante el deterioro de la democracia, la corrupción, la impunidad, el racismo y la marginación de la población indígena y rural. Diversos informes internacionales, incluidos los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusan a las fuerzas armadas y a la policía de un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, perdieron la vida 49 personas. Las movilizaciones continúan. 

A ello se unen las graves consecuencias de la pandemia en un país que tiene la tasa más alta de personas huérfanas a causa de la COVID: 10 menores por cada 1.000 han perdido a uno o ambos progenitores. La situación de los derechos de mujeres y niñas está muy deteriorada: solo en la región de Ucayali en 2022, los Centros de Emergencia Mujer atendieron a más de 2.650 mujeres víctimas de violencia de género.  Y una de cada cuatro adolescentes, entre 15 y 19 años, han dado a luz. 

Farmamundi trabaja junto a la organización Flora Tristán para defender los derechos de las mujeres, frenar cualquier tipo de violencia y evitar los embarazos adolescentes no deseados. Este proyecto es apoyado por la Comunitat Valenciana. 

India. Fundación Vicente Ferrer

Unos 46 millones de mujeres en la India son viudas y 13 millones son madres solteras, según datos oficiales, aunque la cifra real puede ser muy superior. Las mujeres al frente de familias monoparentales afrontan una situación de extrema vulnerabilidad debido a los arraigados tabúes que persisten sobre todo en zonas rurales. Cuando una mujer pierde a su marido, queda relegada al ámbito doméstico sin que pueda tener opciones a un trabajo que le garantice independencia, un mejor futuro para su hijos e hijas y la ruptura con el círculo de pobreza y discriminación. 

La Fundación Vicente Ferrer trabaja con comunidades del Sur de la India. La Xunta de Galicia financia un proyecto destinado a “Single Mothers” en el que se trabajan cuestiones esenciales para garantizar los derechos de las mujeres y sus familias: apoyo para el acceso a un empleo digno; atención sanitaria para garantizar el bienestar físico y mental; creación de espacio seguros en los que reconocer sus derechos y tejer redes de apoyo; y apoyo a la educación de niños y niñas para que crezcan libres de discriminación y estigma (especialmente en el caso de las niñas). 

Burkina Faso. Medicus Mundi

A pesar de ser el cuarto productor de oro en África, Burkina Faso es uno de los países más empobrecidos del mundo, un 40% de su población sufre pobreza extrema, según datos del

PNUD. Debido a la violencia de grupos armados vinculados a Al Qaeda y el Estado Islámico, hace frente a más de 10.000 muertes y dos millones de personas desplazadas internamente.

En esta región, Medicus Mundi trabaja para fortalecer sistemas de salud y combatir la malnutrición infantil, apoyado por la Junta de Castilla-La Mancha, en un contexto donde un tercio de niños y niñas padece desnutrición crónica y alrededor del 9% sufre emaciación, la forma más grave de desnutrición, según el informe de la FAO de 2022.

La ONG trabaja en una de las zonas más peligrosas del país, donde las familias tienen graves dificultades para llevar a sus hijos e hijas a los centros de recuperación y educación nutricional.

Gracias a los proyectos llevados a cabo, se han detectado y tratado 3.850 niñas y niños. “Antes de nuestra llegada la tasa de malnutrición aguda/severa, era de un 7% es decir, de cada 100, morían 7 criaturas. Gracias tanto a intervenciones como la de Médicos Mundi Sur como a la de otros actores humanitarios, la tasa ha bajado al 3%”.