• En el Día mundial del agua, recordamos la necesidad de garantizar de forma universal el derecho humano al agua. Alertamos de los peligros que supone sobreexplotar este recurso natural esencial para la vida.
• Llamamos a la responsabilidad política de gobiernos e instancias internacionales.
• Recordamos la necesidad de beber de los saberes ancestrales de los pueblos originarios que entienden el agua como un bien común a respetar, cuidar y proteger.

Comunicado de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 

El agua, elemento esencial para la vida del planeta y los seres vivos, para la dignidad de las personas, se halla en disputa a causa de un modelo global tan insostenible como injusto. Sobreexplotado como recurso en múltiples contextos, está muy lejos de ser garantizado como derecho humano universal. Es más, su gestión bajo lógicas coloniales, tensiona relaciones y territorios, agudiza desigualdades, obliga a procesos migratorios, restringe el acceso a otros derechos (alimentación, salud, educación, medioambiente sano…). Su disputa puede derivar en conflictos armados o, como consecuencia de ellos, comprometer seriamente tanto la disposición de agua como el derecho de las personas a su disfrute.

La seguridad humana de millones de personas está en peligro:

• 200 millones (más del 27% de la población mundial) carecen de servicios de agua potable para su consumo gestionados de manera segura, y 3.500 millones de personas carecen de saneamiento seguro.
• 17 países del mundo —en donde vive el 25 % de la población mundial— ya están sufriendo estrés hídrico extremo.
• Más del 40% de la población mundial está afectada por la escasez de agua.
• La falta de agua se relaciona con el 10% de aumento de la migración mundial.
• Aumenta la criminalización, hostigamiento y asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente (solo en 2022, hubo un asesinato cada dos días; el 36% eran indígenas).
• En los últimos 22 años, se han registrado más de 1.000 conflictos por el agua.

FUENTES: Banco Mundial, Global Witness, Naciones Unidas, Pacific Institute y RTVE.

Esta situación debe explicarse en el contexto de múltiples crisis conectadas (ecológica, de cuidados, democrática, económica…) que sustentan y responden a un mismo paradigma: el agua como un recurso económico y geopolítico a explotar, como un bien privado; es decir, la naturaleza y la vida al servicio de los intereses económicos de una minoría. Un modelo cuya gobernanza no cuenta con la participación de la inmensa mayoría del planeta ni con quienes más sufren la privación de este derecho. Al contrario, se expande y sostiene por dinámicas violentas, no sólo las guerras. Prueba de ello es que, desde 2020, el agua cotiza en Wall Street.

En el día de hoy, queremos señalar espacios clave donde se está comprometiendo la vida estrechamente relacionados con el agua.

El agua, un recurso clave en el mercado global. Una economía globalizada donde empresas multinacionales del Norte realizan grandes operaciones comerciales y extractivistas en diversos sectores (energético, agroalimentario, forestal, digital, etc.), generando impactos muy graves en países del Sur global, donde el agua está directa o indirectamente implicada. Esta situación colisiona directamente con los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Derechos que deberían ser garantizados por los gobiernos por encima de intereses económicos y geopolíticos, dentro y fuera de sus fronteras.

La creciente escasez de agua en el marco de conflictos armados. Esta situación puede producirse como causa de un conflicto entre países vecinos o en el interior de un territorio -como pudiéramos ver en el caso de la cuenca del Jordán, un caso paradigmático-. También puede ser fruto de la acción bélica que, al destruir infraestructuras, contaminar fuentes de agua o interrumpir servicios vitales, agrava la inseguridad hídrica; una situación que afecta especialmente a la infancia y a personas en situación de vulnerabilidad. E incluso, puede utilizarse el agua como arma de guerra y su privación como elemento de presión sobre las poblaciones; esto otorga una ventaja estratégica a quienes tienen el control sobre los recursos hídricos, tal como sucede en Palestina, ocupada ilegalmente por Israel desde hace década.

Y, sin embargo, somos agua. La mayoría de experiencias en torno a la gestión del agua nos hablan de cooperación, de hermanamiento entre comunidades y regiones, de un bien ecosocial y cultural alrededor del cual se cosen comunidades e identidades. Aprendamos de los sures globales, de experiencias y visiones que nos ayudan a reconocer y reconectarnos con la naturaleza, a entender el agua como un bien común.

Urge un cambio de mirada ante un modelo depredador que se muestra agotado y violento. Urge hacer las paces con la naturaleza, pasar a un modelo ecocentrado, de conexión con la vida, en el que nos reconozcamos parte del ecosistema, no su centro.

Propuestas para este 22 de marzo:

• Adoptar, desde la acción de gobierno, una mirada integral, ecosistémica, en el abordaje del agua y el saneamiento que, desde la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y el enfoque de derechos, lo conciba y defienda como un derecho humano. Debe, además, atender a sus interrelaciones con otros derechos fundamentales y las políticas donde se promueven (como la salud, un medioambiente sano, la alimentación, una vida libre de violencia o la identidad cultural).
• Apostar y apoyar modelos de gestión del agua y saneamiento públicos, transparentes, democráticos, basados en la participación ciudadana y en las recomendaciones del ecofeminismo y los movimientos ecologistas, donde se preste especial atención a las comunidades y los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
• Desarrollar legislaciones nacionales e internacionales que promuevan el acceso justo y equitativo al agua, con un enfoque de cultura de paz.
• Fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones por parte de personas y grupos infrarrepresentados, como las mujeres, jóvenes y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes,
• Promover el reconocimiento y protección de las personas y organizaciones defensoras de los territorios y de los derechos humanos, así como periodistas y profesionales de la comunicación, que abogan por el control público del agua y el saneamiento en todo el mundo, denunciando su criminalización.
• Impulsar, en el plano estatal e internacional, regulaciones vinculantes de la acción de las empresas transnacionales, asegurando el respeto a los derechos humanos y al medioambiente, y su rendición de cuentas en toda la cadena de valor.
• Promover el enfoque Triple Nexo en el marco de la Acción Exterior y en política española de cooperación para el desarrollo sostenible, donde la construcción de paz sea una dimensión sustantiva.
• Denunciar ante la justicia internacional las acciones de guerra que impliquen ecocidios o agresiones a los cuerpos de agua y a los servicios básicos asociados.

En definitiva, el desarrollo humano sostenible de los pueblos y territorios que acompañamos desde la cooperación internacional dependen, en gran medida, del agua. Es necesario hacer unirnos a organizaciones sociales y ambientales que exigen cambiar la mirada sobre el agua para considerarla un bien que debe ser protegido y gestionado bajo premisas de universalidad, equidad, sostenibilidad y democracia. El reconocimiento del abastecimiento y saneamiento del agua como un derecho humano por las Naciones Unidas fue un paso importante. Su incumplimiento sistemático nos acompañará cada marzo si no trascendemos el modelo socioeconómico actual. Tenemos la oportunidad colectiva de cambiar el rumbo.