20 de noviembre de 2024
- En un contexto internacional de graves crisis humanitarias, en el que los conflictos y la emergencia climática causan enormes daños y pérdidas de vidas, la media de los fondos destinados por las CCAA a cooperación se sitúa en un 0,12%, muy lejos del 0,7% comprometido por ley.
- 10 de las 17 CCAA han aplicado recortes o han congelado el presupuesto. Preocupan especialmente Aragón, Canarias, Madrid, Castilla La-Mancha o Murcia, donde dedican el equivalente a poco más de un café por persona al año para una política que es esencial en estos momentos.
- Los terribles efectos de la DANA en Valencia demuestran que es necesario contar con políticas públicas que den respuesta a los enormes desafíos que vivimos en nuestros entornos más cercanos y también en todo el planeta.Tales desafíos no saben de fronteras y exigen políticas que estén a la altura.
- Los datos corresponden al Informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo; un análisis anual que presenta una fotografía detallada de los fondos destinados por los gobiernos autonómicos a la cooperación.
Voz de alerta para la cooperación que hacen las comunidades autónomas. 10 de 17 han realizado importantes recortes o han congelado los fondos de una política que no solo es crucial en estos momentos, sino que además es seña de identidad del Estado español (ningún otro país cuenta con sistema de cooperación descentralizada como el nuestro). Tales recortes contrastan con el apoyo ciudadano que, de manera reiterada, merecen estas medidas. El último CIS lo deja claro: el 70% de la sociedad española defiende que se apoye a los países que más lo necesitan. Como en emergencias humanitarias similares en otros lugares del mundo, la sociedad española se ha volcado con las personas afectadas por la DANA; esa solidaridad ciudadana debe guiar las políticas públicas y, por tanto, debe tener respuesta en las políticas de cooperación.
Según los datos del Informe realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, en 2024, la media destinada a cooperación por las CCAA se sitúa en un 0,12%, una cifra que supone una caída respecto al año pasado (0,13%) y que da la voz de alerta ante la tendencia generalizada de recortes. Una tendencia contrasta directamente con lo establecido por la Ley de Cooperación estatal aprobada el año pasado y que sitúa ese porcentaje en un 0,7%.
Algunas comunidades autónomas han realizado recortes muy acusados. La mayor caída la registra Aragón, con una disminución en sus fondos del 76%. Andalucía tampoco sale bien parada: ha pasado de liderar el ranking en cifras globales hace 15 años a descender hasta los últimos puestos. Madrid, Canarias, Murcia o Castilla La-Mancha aparecen en el vagón de cola al destinar menos de 3 euros por persona al año para cooperación.
Si se comparan los fondos para cooperación con el PIB de las comunidades, llama la atención Madrid, que solo destina 0,70 euros por persona al año para una política pública que contribuye a frenar las graves crisis humanitarias y climáticas que afectan al planeta.
Ni quien está a la cabeza cumple los compromisos
Las comunidades que aumentan sus fondos -Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja o Navarra-, no cumplen tampoco los compromisos asumidos: ninguna de ellas cumple con el 0,7% establecido en la Ley (estatal) de cooperación. De hecho, el mejor dato, Euskadi con un 0,35%, solo alcanza la mitad del objetivo.
Si observamos cuánto dinero se destina por persona al año, en cabeza se sitúa Navarra con 30 euros, mientras que a la cola encontramos a Murcia, con 0,59 euros. La media se sitúa en los 8,50 euros por persona.
Tales datos contrastan con el apoyo ciudadano que recibe esta política pública que es seña de identidad de los territorios. Prueba de ello, son las muestras de solidaridad con Ucrania y Palestina que han poblado las calles del Estado español en los últimos años. En este contexto, cabe destacar que la mayoría de los fondos públicos que reciben las ONG de Desarrollo proviene de la cooperación descentralizada (con un impacto enorme en la mejora de las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo). Recortar esta política significa dañar el trabajo que realizan junto a cientos de organizaciones en todo el mundo y también debilitar la capacidad de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos.
Más apoyo integral para una política fundamental
El Informe presenta una serie de recomendaciones que deben realizarse de manera inmediata para cumplir con las leyes, fortalecer una política fundamental y responder al apoyo ciudadano.
- Cumplir con lo establecido por las leyes estatales y autonómicas de destinar el 0,7% a cooperación.
- Reducir la burocracia para facilitar la efectividad de las propuestas a favor de los derechos humanos, la paz, la convivencia, la reducción de las desigualdades, etc.
- Reforzar las capacidades del personal de las administraciones públicas con el fin de conseguir actuaciones más efectivas.
- Armonizar criterios de contabilidad para garantizar informaciones detalladas y comparables que permitan hacer seguimientos adecuados.
- Asegurar que los fondos contribuyen realmente a la construcción de la paz, la reducción de la pobreza y las desigualdades, la protección del planeta…
- Responder de manera efectiva al compromiso de solidaridad de la ciudadanía.
