21 de marzo de 2025

Con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo, y bajo el lema "Parad el racismo y no a las personas", organizaciones como Sindicato de Manteros Madrid, SOS Racismo Madrid, Rights International Spain, Amnistía Internacional, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, Novact o Greenpeace, entre otras, han firmado un manifiesto y prevén realizar actos de movilización en distintas ciudades para poner el foco y denunciar que todavía se llevan a cabo controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos.

Con motivo del Día Internacional Contra la Discriminación Racial, más de 210 colectivos y organizaciones antirracistas han elaborado un manifiesto e impulsan la campaña “Parad el racismo y no a las personas”, con el objetivo de poner el fin a una de las manifestaciones del racismo institucional como son los controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos que se dan en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Se trata de un problema endémico, que es sistemáticamente negado en el Estado español", denuncian.

El paraguas “control policial” hace referencia a las actuaciones de parada e identificaciones motivadas única y exclusivamente por criterios raciales (como el color de piel, la vestimenta, los símbolos religiosos, etc), sin atender a las exigencias legales de proporcionalidad y objetividad previstas por la legislación española. Es decir, se trata de personas que no son paradas e identificadas por lo que hacen, sino por lo que son.

Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra esta práctica está en su falta de reconocimiento institucional, dado que los cuerpos policiales y las instituciones públicas la niegan. Es el caso del Ministro de Interior, quien ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de estos controles racistas, pero también lo ha hecho el director general de la Policía Nacional. Recientemente, el actual Comisario jefe de los Mossos d'Esquadra defendió que el sesgo racial no sólo no se aplica en las identificaciones, sino que “tampoco es un criterio en las detenciones, ni en el comportamiento, ni en nada porque el cuerpo es una policía democrática”, contradiciendo las palabras de su predecesor, quien reconoció la existencia de este sesgo racial. 

Mientras que las instituciones públicas rechazan recoger datos sobre esta práctica policial discriminatoria, diversas investigaciones han puesto cifras al sesgo racial en la actuación policial. A nivel europeo, puesto que la perfilación racial no es exclusiva del Estado español, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) lleva años denunciando sesgos de perfil racial en los controles policiales. De hecho, en 2018 alertaba de que el 41% de las personas encuestadas en los Estados miembros señalaba el perfilamiento racial como causa de parada policial. 

A nivel nacional, en el año 2013, la Universidad de Valencia publicó un informe según el cual las personas gitanas eran paradas hasta diez veces más que las personas blancas; las magrebíes, un 7,5; y las afrolatinoamericanas, hasta 6,5 veces más. En 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizó un estudio de observación directa en la principal estación de autobuses de Granada. Siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca, la investigación mostraba las siguientes tasas de riesgo: negro 42:1; gitano 12:1; árabe/magrebí 10:1; y latinoamericano 8:1.

Más allá de los datos hay que señalar el impacto en las personas afectadas: cómo afecta a su salud física y emocional, a sus derechos humanos y libertades, o el impacto que tiene en adolescentes, sobre quienes se está enfocando esta práctica en los últimos años. Además, “las paradas por perfil étnico o racial, conllevan comentarios y vejaciones racistas o el uso desproporcionado de la fuerza, lo que genera una mayor vulnerabilidad e inseguridad administrativa a muchas de las personas que sufren este tipo de prácticas. Esto facilita la infradenuncia de la vulneración de derechos, que a su vez refuerza la impunidad policial” dice Úrsula Ruiz, responsable de la línea de políticas migratorias y frontera de Irídia.

Asimismo, esta forma policial de proceder redunda en la generación de una estigmatización y criminalización de las personas afectadas y una sensación de inseguridad por quienes no sufren estos controles. Todo ello se expresa en el video que acompaña la campaña #ParadElRacismo.

En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil se han dirigido a las instituciones y autoridades del Estado para tratar de abordar la problemática. Pese a los esfuerzos, no se ha obtenido un compromiso real y efectivo. 

“Existe indefensión por parte de quien sufre estos controles discriminatorios a manos de las fuerzas del orden. Es primordial revisar el ordenamiento jurídico y aplicar una serie de medidas que supongan una salvaguarda”, dice Youssef M. Ouled, Rights International Spain.

“Es imprescindible poner fin a este tipo de controles racistas ya que atentan contra el principio de no discriminación y suponen una violación de derechos humanos, tanto en la ley como en la práctica”, señala Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.

Por ello, las organizaciones impulsoras y firmantes del manifiesto llevarán a cabo, entre el 21 y el 30 de marzo, acciones de calle en ciudades como Madrid, Guadalajara, Elche o Murcia, con actividades como lectura de poemas antirracistas, actuaciones musicales, pegada de carteles y pegatinas de la campaña, entre otras, para exigir que se ponga fin a esta práctica racista.

Las firmantes del manifiesto piden, entre otras medidas:

• Reconocer de forma clara y explícita el racismo y sus múltiples manifestaciones, como lo son el antigitanismo o la islamofobia estructural e institucional por parte de Administraciones públicas, autoridades políticas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En particular, la existencia de perfilación racial y étnica en paradas e identificaciones policiales.
• Prohibir por ley orgánica el uso de perfiles raciales en labores de parada, e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas. Para ello reclamamos incluir la prohibición expresa en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cuya reforma se encuentra en una fase avanzada de tramitación.
• Implementar los llamados “formularios de identificación” en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: una herramienta de registro de las actuaciones de parada e identificación que recoge, entre otros, la justificación y motivación de la actuación, el resultado de la misma y la apariencia étnico-racial de la persona afectada, la cual, además, recibe un justificante de la actuación policial sufrida y de la información para interponer quejas en caso de no estar conforme con la actuación. Tanto el diseño como la supervisión de los resultados sistematizados obtenidos de estos formularios deben realizarse contando con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, principalmente aquellas integradas por los grupos afectados. Estas iniciativas se han implementado en proyectos piloto que se han demostrado efectivos como es el empleado en el municipio madrileño de Fuenlabrada, entre otros, pero no siempre han tenido continuidad por decisiones políticas.  
• Por último, crear un mecanismo externo, público e independiente competente, que supervise, evalúe y sancione actuaciones policiales que vulneren derechos humanos.

Aquí puedes consultar cuáles son todas las organizaciones firmantes.

Lee aquí el manifiesto.