18 de diciembre de 2024
Información de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
- Cerramos el año reunidas con Eva Granados, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y con la firma del convenio para la implementación del marco de relación de las ONGD con la Administración General del Estado .
- Preocupa seriamente la falta de claridad en la senda de crecimiento de la AOD para cumplir con el objetivo del 0.7% de la AOD en 2030, marcado por la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad Global.
A finales de 2023 el Consejo de Cooperación marcaba una hoja de ruta ambiciosa para el año que ahora acaba. Ayer tuvimos ocasión de compartir con Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, el balance de lo realizado en estos meses. En materia normativa los avances son importantes, con la aprobación del Estatuto de las personas cooperantes, el Plan Director 2024-2027, el nuevo Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la previsible aprobación y puesta en marcha a principios de 2025 de la normativas pendiente: Real Decreto de Subvenciones, el RD del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), la Comisión Interministerial, la Conferencia Sectorial y el Consejo Superior de Cooperación.
Sin embargo, preocupa seriamente la falta de claridad en la senda de crecimiento de la AOD para cumplir con el objetivo del 0.7% de la AOD en 2030, marcado por la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad Global. La situación es alarmante tras el descenso de la AOD al 0.23% en 2023, y las no mejores previsiones para este año en el que la prórroga presupuestaria ha limitado la capacidad para aumentar la inversión en cooperación al desarrollo. Los presupuestos generales del Estado de 2025 tiene necesariamente que respaldar con cifras la voluntad política recogida en la Ley de Cooperación y su desarrollo normativo, con una inversión significativa que fortalezca la SECI y AECID como piedra angular de la Cooperación Española.
Durante la reunión también se mencionó la preocupación por el descenso del compromiso con la AOD en la cooperación descentralizada donde 10 de las 17 CCAA han aplicado recortes o han congelado el presupuesto. Preocupan especialmente Aragón, Canarias, Madrid, Castilla La-Mancha o Murcia, que dedican el equivalente a poco más de un café por persona al año para una política que es esencial en estos momentos.
En relación a la guerra en Palestina y la extensión del conflicto a Oriente Medio, insistimos en la urgencia de cumplir con los cinco compromisos de la PNL aprobada por el Congreso: Alto el fuego permanente, acceso humanitario suficiente y sostenido, respeto al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, fin del comercio de armas y solución negociada. Además trasladamos la preocupación por las trabas cada vez más graves por parte del gobierno de Israel al trabajo de las organizaciones en el terreno.
Marco de relación de las ONGD con la Administración General del Estado
Tras la reunión se procedió a la firma del Convenio Administrativo entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), la Dirección General de Agenda 2030 (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo – España, para la implantación efectiva del Marco de Relación entre las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y la Administración General del Estado, aprobado mediante el protocolo firmado en Madrid el 14 de marzo de 2022.
Con esta firma se da respaldo jurídico al Marco de Relación, un instrumento político de entendimiento común y de orientación de la relación entre la AGE y las ONGD, que reconoce a las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo como actores fundamentales del sistema de cooperación y expresión de la sociedad civil organizada en relación con la cooperación al desarrollo sostenible, en sus múltiples roles: ejecución de acciones de cooperación para el desarrollo sostenible; la promoción de la coherencia de políticas; el fortalecimiento del espacio cívico y democrático y la defensa de los derechos humanos; en la respuesta a las crisis humanitarias; y el fomento de la participación social y la solidaridad y la ciudadanía global.
