Según el Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica 2023 la media se sitúa en un 0,13%, muy alejada del compromiso del 0,7% y muy alejada de los niveles más elevados alcanzados hace ya 15 años.

Mientras a cooperación se destina una media de 8,42€ por persona al año, a defensa se destinan 571,24€. En un contexto mundial de múltiples y complejos retos, es crucial fortalecer una política pública que contribuye de manera determinante a la paz y a la mejora de la vida de las personas en todo el planeta. 

El informe muestra una marcada disparidad entre comunidades: las más comprometidas alcanzan una media del 0,32%; en la cola, aquellas que solo destinan un 0,02%.

La negociación de los presupuestos autonómicos debe ser una oportunidad para demostrar el compromiso de la inmensa mayoría de los partidos con la nueva Ley de Cooperación. 

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Valencia ha acogido hoy la presentación del Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) descentralizada 2023. El informe muestra que la AOD que se hace desde nuestras comunidades autónomas aumentó un 10,24%, de 2022 a 2023. No obstante, la media aún está muy alejada del compromiso del 0,7%.

Los datos dejan claro que existe una importante diferencia entre unas comunidades y otras. En cabeza, se sitúan Comunitat Valenciana, La Rioja, Navarra y Euskadi, con una media del 0,32%. En la cola, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, con un porcentaje entre 0,02% y 0,03%. 

El análisis realizado en la presentación ha evidenciado la necesidad de reforzar una política pública determinante en un contexto mundial de múltiples y complejas crisis. A pesar de ello, se ha denunciado el debilitamiento que está sufriendo en algunas comunidades. El encuentro ha servido también para dar la voz de alerta sobre las consecuencias que esto puede suponer sobre la vida de miles de personas.

“La cooperación descentralizada es una de nuestras señas de identidad; nuestro modelo es único y deberíamos sentir orgullo por ello. En un momento como el que vivimos es crucial reforzar esta política pública que responde directamente a las necesidades de las comunidades apoyadas por las ONG y que está desvinculada de intereses económicos o geoestratégicos. Los próximos presupuestos autonómicos son una oportunidad para complir los compromisos y apoyar a la cooperación ”, ha afirmado Carles Xavier López, de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD.  

Un enorme impacto en la defensa de los derechos humanos 

La cooperación descentralizada supone un 10% del total de la AOD. Un porcentaje que se destina directamente a comunidades de Asia, América Latina y África, y que contribuye, de manera directa, a la garantía de los derechos humanos y vidas dignas. A lo largo de décadas, se han desarrollado proyectos que han permitido a niños y niñas acceder a la educación; se ha apoyado a cientos de mujeres que han desarrollado proyectos económicos para mejorar sus vidas y las de sus familias; se ha acompañado a procesos de paz y a personas que defienden los derechos humanos y la tierra.  

Stranler López Rivas, defensor de derechos humanos de Colombia, acogido por el Programa valenciano de protección temporal a personas defensoras de derechos humanos, ha explicado cómo este apoyo es vital para quienes se ven obligados a salir de sus hogares por hostigamientos y hasta amenazas de muerte. 

Recomendaciones para una cooperación a la altura de los retos actuales

El Informe, que ha sido realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, presenta los datos de las 17 comunidades autónomas y, además, ofrece recomendaciones para asegurar que la cooperación contribuye a la transformación de un sistema que deja a la mayoría en el camino: 

• Reforzar el compromiso con la cooperación. Contar con un calendario creíble para cumplir el compromiso del 0,7% antes de 2030, tal como establecen los pactos y leyes de cooperación. 

• Garantizar la existencia de consejerías y concejalías específicas para cooperación, con personal estable y formado capaz de gestionar esa política pública.

• Garantizar que la AOD descentralizada cumple con los requisitos internacionales de eficacia. De modo que se reduzca la burocracia que actualmente dificulta que la cooperación sea más efectiva.

• Reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, que deben estar presentes en los procesos. Deben garantizarse espacios de diálogo y participación.

• Garantizar instrumentos de planificación adecuados.

• Homologar los criterios para contabilizar la AOD entre administraciones. Esto es determinante para poder tener una fotografía global homogénea.

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*En la presentación del Informe han participado Pedro Carceller Icardo, Director General de Inclusión y Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana; Stranler López Rivas, defensor de derechos humanos de Colombia acogido al Programa valenciano de protección temporal a personas defensoras de derechos humanos; el profesor de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil y representantes de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD y de la Coordinadora Valenciana de ONGD.